El órgano legislativo regional expresó su respaldo a la población de Pataz y solicitó la revisión del decreto supremo que restringe la actividad minera artesanal, argumentando su impacto económico y social en miles de familias.
El Consejo Regional de La Libertad se pronunció de manera unánime en respaldo a los ciudadanos de la provincia de Pataz, exigiendo la modificación o derogación del Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, emitido recientemente por el Gobierno Nacional. Según los consejeros, esta norma afecta directamente a pequeños mineros artesanales y genera un impacto negativo en la economía local.
Durante la sesión ordinaria, la presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza Blas, señaló que el pronunciamiento institucional se fundamenta en la necesidad de atender una realidad social distinta y compleja en la zona andina de La Libertad. Asimismo, cuestionó la emisión del decreto sin una consulta previa ni una diferenciación clara entre realidades territoriales.
“El pueblo de Pataz ha sido claro: se demanda equidad. Si se restringe la actividad minera, que sea bajo criterios justos y sin excepciones. La situación actual afecta el sustento diario de miles de familias”, declaró Carranza.
El consejero por la provincia de Pataz, Frank Solórzano, informó que ya se han realizado reuniones con autoridades locales, incluyendo al alcalde distrital, así como representantes de los sectores Energía y Minas y Defensa Nacional. Indicó que existe consenso en que la medida requiere adecuación según la situación particular de cada distrito, pues no todos presentan conflictos ni riesgos de orden público.
Por su parte, el consejero Luis Rodríguez alertó sobre el impacto social que puede provocar la paralización de actividades mineras artesanales. “Estamos hablando de una provincia donde gran parte de la población depende económicamente de esta actividad. La paralización puede agravar la pobreza, afectar la educación de los hijos y generar inestabilidad”, remarcó.
El Consejo Regional anunció que presentará un informe con sus observaciones y propuestas al Ejecutivo, Congreso, Defensoría del Pueblo y otras instituciones competentes, con el fin de que se revise el alcance del Decreto Supremo N.º 060-2025.
Esta posición busca abrir un canal de diálogo y atención oportuna para mitigar posibles conflictos sociales, preservar el equilibrio económico en la zona y asegurar el respeto a los derechos de los pequeños productores.