La minería ilegal se ha convertido en una amenaza ambiental y social sin precedentes: contamina los ríos con mercurio, destruye bosques, pone en riesgo la salud pública y amenaza el acceso al agua de millones de peruanos. En La Libertad, el impacto ya se siente en el río Moche y otros afluentes vitales.
El avance de la minería ilegal en el Perú ha dejado una huella profunda en los ecosistemas amazónicos y andinos. Según el Ministerio del Ambiente (Minam), en las últimas dos décadas se han vertido más de 3 000 toneladas de mercurio en los principales cuerpos de agua del país, afectando a comunidades enteras que dependen de ellos para su subsistencia.
Durante el Foro del Agua realizado como parte de PERUMIN 37, el director de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Minam, Yury Pinto, advirtió que esta actividad ilícita no solo destruye los bosques y contamina los ríos, sino que compromete el acceso al agua limpia de millones de peruanos. “El daño es irreversible cuando se contamina una cuenca hidrográfica. No se puede hablar de formalización en zonas donde la minería está prohibida por ley”, precisó el funcionario.
En regiones como Madre de Dios, las comunidades indígenas viven las consecuencias más extremas de esta contaminación. De acuerdo con líderes locales, los habitantes deben caminar hasta una hora para encontrar agua limpia, ya que los ríos están saturados de mercurio, afectando tanto la salud como la alimentación. Se estima que más de cuatro millones de personas podrían ver comprometido su acceso al agua potable.
El impacto ambiental también es devastador: hasta el año 2014, el país había perdido más de 100 mil hectáreas de bosque debido a la minería ilegal. Las consecuencias alcanzan sectores clave como la agricultura, la pesca y la biodiversidad, afectando directamente la economía y el bienestar de las comunidades rurales.
Sin embargo, mientras los daños se acumulan, en el Congreso se discute un proyecto de ley sobre la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) que podría flexibilizar la regulación y permitir actividades extractivas en cauces de ríos, terrazas aluviales y zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, lo que ha generado fuerte preocupación entre ambientalistas y autoridades técnicas.
El Gobierno ha aprobado una estrategia nacional contra la minería ilegal, que busca reforzar la fiscalización, controlar la comercialización de minerales de origen ilícito y sancionar al crimen organizado que se beneficia de esta actividad.
En el norte, La Libertad enfrenta un escenario alarmante. La minería ilegal no solo devasta los cerros de Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, sino que también envenena los ríos que sustentan la vida agrícola y urbana. En el caso del río Moche, estudios del SENAMHI y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) revelan niveles peligrosos de arsénico, plomo, cadmio y mercurio, muy por encima de los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estas sustancias tóxicas provienen tanto de pasivos mineros abandonados como de nuevas operaciones ilegales en cabeceras de cuenca, donde se instalan plantas de procesamiento clandestinas que arrojan relaves directamente a los afluentes. El costo humano y ecológico de esta contaminación se vuelve cada vez más visible y plantea un desafío urgente para el Estado: detener el avance de la minería ilegal antes de que la destrucción sea irreversible.