Policía Anticorrupción allanó oficinas y recabó documentos tras denuncias de construcción irregular de un camino que favorecería a la minería ilegal en Cancate
El Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción (Dipcc) de la Policía Nacional del Perú intervino las oficinas de la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad en el marco de una investigación preliminar por presunto mal uso de maquinaria pesada de propiedad del Estado.
La diligencia responde a la denuncia de que un tractor oruga identificado con el código MB800573 habría sido utilizado para abrir un camino no autorizado en el anexo de Cancate, distrito de Cahuide, provincia de Santiago de Chuco. Según los reportes iniciales, esta vía no cuenta con autorización ni con expediente técnico aprobado, y se sospecha que podría estar vinculada a la facilitación de actividades de minería ilegal en la zona.
Documentos incautados y proyectos en revisión
Durante la intervención, la Policía incautó documentos vinculados a los proyectos “Recuperación de servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos en microcuencas de los ríos Huamanzaña y Virú”, que la Gerencia ejecuta en las provincias de Santiago de Chuco, Virú y Julcán. Dichas iniciativas tienen como fin la construcción de qochas, represas y forestación para mejorar la agricultura y asegurar recursos hídricos.
No obstante, de acuerdo con la denuncia, la maquinaria asignada a esos proyectos habría sido desviada para fines distintos a los previstos, lo que motivó la acción de control. Fotografías y videos difundidos en redes sociales —que muestran la maquinaria operando en el lugar— forman parte de los elementos recogidos por los investigadores.
La versión de la Gerencia
En respuesta, el gerente regional de Agricultura, Miguel Chávez Castro, rechazó tajantemente las acusaciones. Afirmó que no se ha alquilado ni cedido maquinaria estatal a particulares y que los trabajos realizados en la zona corresponden a proyectos agrícolas debidamente registrados.
“El tractor al que hacen referencia está destinado a proyectos de siembra y cosecha de agua. Se ha trabajado en la construcción de qochas y represas para mejorar la agricultura, no para favorecer actividades ilegales. Hubo un pedido de dirigentes comunales de Cahuide, pero todo se realizó dentro del marco de proyectos productivos”, aseguró.
Chávez insistió en que las versiones que lo vinculan con la minería ilegal carecen de sustento y pidió que se respeten los procedimientos de investigación para aclarar la situación.
Preocupación en la comunidad y exigencia de transparencia
La noticia ha generado alarma entre los habitantes de Santiago de Chuco, quienes temen que la falta de control en el uso de la maquinaria estatal pueda favorecer indirectamente la expansión de la minería ilegal, un flagelo que afecta a varias provincias de la región. Líderes comunales han solicitado a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público que se sumen a la investigación para garantizar un proceso transparente.
Asimismo, especialistas advierten que, de confirmarse un uso irregular, se trataría no solo de una falta administrativa grave, sino también de un delito contra la administración pública, que podría conllevar sanciones penales.
Próximos pasos
El Dipcc continuará con las diligencias en los próximos días para determinar si existen responsabilidades individuales o institucionales. Entre las acciones previstas figuran la citación a funcionarios de la Gerencia de Agricultura, la verificación técnica de los proyectos en ejecución y la revisión del sistema de control de uso de maquinaria.
La investigación se da en un contexto en que el Gobierno Regional de La Libertad impulsa varios programas ecosistémicos para mitigar los efectos del cambio climático y fortalecer la agricultura familiar. Sin embargo, casos como este ponen en entredicho la transparencia en la gestión de recursos públicos y reavivan el debate sobre la necesidad de un mayor control del Estado en zonas vulnerables a la minería ilegal.