El reciente atentado con dinamita en la avenida Perú de Trujillo reveló cómo bandas criminales acceden a material explosivo comprado legalmente por mineros informales inscritos en el Reinfo. Expertos advierten que hasta el 50 % de estos insumos termina en manos del crimen organizado en La Libertad.
La violencia en Trujillo ha alcanzado un nuevo nivel con el uso indiscriminado de dinamita y cargas explosivas en zonas urbanas, desplazando prácticas criminales anteriores como disparos a viviendas o amenazas con balas. Según fuentes policiales, bandas de extorsionadores utilizan de 50 a 100 cartuchos al mes, generando un riesgo masivo para la población.
El caso más reciente ocurrió en la avenida Perú, donde una potente carga destruyó una vivienda y causó daños en más de 200 inmuebles y negocios, evidenciando la facilidad con la que estas organizaciones criminales acceden a explosivos de uso minero.
De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), el origen de este material está en la minería informal en proceso de formalización (Reinfo), cuyos integrantes adquieren dinamita legalmente pero la desvían al mercado negro.
El problema se agravó tras un cambio normativo que eliminó la obligación de que cada cargamento de explosivos fuera custodiado por la Policía. Hoy, solo basta con vigilancia privada, lo que ha abierto la puerta a un mercado ilegal en el que un cartucho puede venderse por apenas 10 soles.
El exintegrante de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), Ángel Santoyo Puicón, calcula que al menos el 5 % de la dinamita adquirida por mineros informales termina en manos de mafias. En el atentado de Trujillo, se habrían utilizado 15 a 20 cartuchos de dinamita de emulsión, material que normalmente se emplea para destruir grandes rocas en la minería ilegal de Pataz (La Libertad).
Por su parte, el abogado penalista Greco Quiroz Díaz estima que la cifra es aún más alarmante: hasta el 50 % de la dinamita adquirida de forma legal es desviada a actividades ilícitas. Propuso implementar códigos de serie en cada cartucho, fortalecer a la Sucamec con ingenieros de minas y cruzar información con la Dirección de Fiscalización Minera y las Gerencias Regionales para cerrar el circuito del desvío.
Actualmente, Trujillo cuenta con apenas cuatro efectivos especializados en desactivación de explosivos, lo que dificulta la respuesta ante emergencias de gran magnitud en toda La Libertad.