Adquisiciones sospechosas aparecen en expediente de “mejoramiento educativo” que supera los S/ 700 mil en la I.E. San Martín de Porres. Postor denunció sobrevaloración y falta de competencia.
Una denuncia periodística reciente revela que la Municipalidad Distrital de Huanchaco, bajo la administración del alcalde Efraín Bueno Alva, adjudicó un proyecto de mejoramiento educativo en la I.E. N.° 82073 San Martín de Porres (AA.HH. El Milagro, sector III), mediante el Consorcio San Martín, conformado por ESP Construcciones y Edificaciones SAC e Ingeniería D&R (constituidos recién en febrero de 2025), por un valor que supera los S/ 700 mi.
El expediente técnico no incluye ninguna intervención en infraestructura física, sino la compra de mobiliario y equipos con precios que han levantado serias dudas. Entre los bienes valorizados figuran una refrigeradora a S/ 7 890 y un proyector multimedia tipo 2 a S/ 15 800, importes que superan ampliamente los costos de mercado.
Otros bienes como sillas giratorias (≈ S/ 980), una cocina (S/ 2 550), microondas (S/ 750), laptops, pizarras, impresoras y mesas también aparecen con valores elevados, sumando un total de presupuesto superior a los S/ 800 mil, según detalla la investigación.
Durante el proceso de licitación, el postor Marcasa Proyectos y Construcciones presentó observaciones en el pliego de absolución, señalando que los precios no correspondían al mercado y amenazó con denunciar penalmente si no se ajustaban los monto. Entre las inconsistencias citadas incluían los valores de un proyector tipo 2, sillas giratorias, refrigeradoras y microondas, cuestionando la legitimidad del expediente.
Los denunciantes consideran que esta modalidad de adjudicación podría buscar evitar la libre competencia, ya que al clasificarse como “obra pública”, se limita la posibilidad de ofertas menores al 90 % del valor referencial, algo que no ocurre en licitaciones para compras directas, donde los proveedores suelen ofrecer hasta un 50 % menos, generando un posible margen de ganancia para proveedores “seleccionados”.
Hasta la fecha, no se ha emitido pronunciamiento oficial de parte de organismos como la Contraloría General, el OSCE o el Ministerio Público, lo que aumenta la preocupación de que este tipo de adquisiciones pueda volverse recurrente en algunas municipalidades de la región.