Contrataciones por más de S/ 18 millones habrían sido aprobadas sin sustento legal adecuado ni relación directa con la emergencia climática invocada. Regidores exigen explicaciones y advierten posible infracción a la normativa de contrataciones del Estado.
La última sesión del concejo municipal de Trujillo volvió a poner bajo la lupa las acciones de la actual administración de Sedalib, luego de que se conocieran detalles de al menos ocho procesos de contratación directa, sustentados como “intervenciones indispensables” en la Resolución de Gerencia General N.º 190, emitida el 3 de junio. Sin embargo, dicha resolución no fue visada por la Gerencia Legal de la empresa, sino que únicamente cuenta con un informe firmado por un abogado externo contratado por el área de Logística, lo que ha generado preocupación y cuestionamientos por posible infracción a la normativa de contrataciones del Estado.
Entre los procesos señalados, destacan dos obras de gran envergadura que suman más de 15 millones de soles: la rehabilitación y renovación de la red de alcantarillado sanitario en la avenida España, y la reparación de la red de alcantarillado en once calles del distrito El Porvenir. A ellas se suman tres servicios complementarios valorizados en cerca de 1.5 millones de soles, entre los que se incluyen la demolición del reservorio elevado de Moche, en desuso por antigüedad, y la compra de cuatro equipos de bombeo de aguas residuales, cuyo costo bordea los 700 mil soles. En conjunto, estos contratos alcanzan un monto cercano a los 18 millones de soles.
Sedalib habría justificado estas acciones amparándose en el Decreto Supremo N.º 033-2025-PCM, emitido el 12 de marzo de 2025, que declaró el estado de emergencia por intensas precipitaciones pluviales por un plazo de 60 días. No obstante, el artículo 2 de dicha norma establece claramente que las intervenciones deben tener un nexo directo de causalidad con el evento climático, sustentado en estudios técnicos emitidos por las entidades competentes. Según especialistas y regidores, dicha condición no se habría cumplido en los expedientes de contratación directa aprobados por Sedalib.
La falta de un informe legal debidamente visado por la Gerencia Legal se suma a las observaciones. La resolución en cuestión, firmada por el gerente general Víctor Manuel Gutiérrez Muñoz y visada por la Gerencia de Administración y Finanzas, la Jefatura de Logística y la Gerencia de Obras, no cuenta con el análisis jurídico obligatorio. En su lugar, apenas se incluye —entre líneas— un informe legal firmado por un abogado externo del área de Logística, lo que no cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Ante estas revelaciones, regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo y autoridades de control han solicitado explicaciones formales, acceso a los expedientes completos y la intervención de los órganos de control. Lo que está en juego es la correcta administración de los recursos públicos y el respeto a la legalidad en contrataciones que, por su naturaleza, deberían estar estrictamente justificadas, sobre todo cuando se invocan situaciones de emergencia.