Gobierno autoriza reanudación de actividades mineras en Pataz desde el 8 de junio

La medida se da junto a la prórroga del estado de emergencia por 60 días más. Mineros formales realizaron marcha pacífica en Trujillo exigiendo seguridad y diálogo con las autoridades.

El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez, anunció que el Gobierno Central ha dispuesto la reanudación de las actividades mineras formales en la provincia de Pataz, a partir del 8 de junio, en el marco de la ampliación del estado de emergencia por 60 días más. La decisión fue aprobada mediante Decreto Supremo en sesión del Consejo de Ministros.

Como parte de las nuevas disposiciones, también se modificó el horario de inmovilización social obligatoria, que regirá desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. Durante este nuevo periodo de emergencia, las Fuerzas Armadas seguirán a cargo del control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional.

El anuncio se produjo luego de una marcha pacífica realizada en Trujillo por un numeroso grupo de mineros formales provenientes de Pataz, quienes exigieron seguridad para poder seguir operando. La movilización culminó en la Plaza de Armas, donde los manifestantes fueron recibidos por la autoridad regional.

En horas de la mañana, el prefecto Rodríguez presidió una mesa de diálogo con representantes del gremio minero formal, quienes expresaron su preocupación por los efectos económicos de las restricciones impuestas para enfrentar la delincuencia organizada en la zona. Aclararon que cumplen con la normativa vigente y pagan sus impuestos, por lo que consideran injusto ser afectados por medidas destinadas a combatir la minería ilegal y el crimen.

“Ellos no rechazan el estado de emergencia ni el toque de queda, pero sí exigen ser escuchados para encontrar soluciones diferenciadas”, indicó Rodríguez, quien pidió a los dirigentes entregar una lista de comités o asociaciones formalmente constituidas para continuar las negociaciones de manera ordenada.

Durante la reunión también participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, la Gerencia Regional de Defensa Nacional y miembros del Comité Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales (Copregescon). Se acordó que los planteamientos de los mineros serán incluidos en la próxima sesión de dicho comité, como parte de una estrategia para atender la problemática de forma integral.