Norma desvirtúa el principio de neutralidad electoral y abre la puerta al uso partidista del poder legislativo. Especialistas advierten que se estaría institucionalizando la impunidad política en pleno proceso preelectoral.
En una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos y rechazo en sectores académicos, políticos y ciudadanos, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que blinda a sus propios miembros al permitir que puedan emitir opiniones políticas o partidarias durante el proceso electoral sin que ello se considere una infracción a la neutralidad, principio rector de toda contienda democrática.
La iniciativa, aprobada con 15 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, modifica la Ley Orgánica de Elecciones y permite a los congresistas —en funciones— pronunciarse a favor o en contra de candidatos, partidos o movimientos políticos sin riesgo de ser sancionados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni por otros organismos competentes. Esta iniciativa quedó lista para ser discutida a nivel del Pleno en los próximos días.
Para muchos analistas, esta ley representa un acto de autorregulación ventajosa, que socava la transparencia electoral y distorsiona la equidad en la competencia política. Al quedar exentos de toda sanción por emitir posicionamientos políticos, los legisladores se colocan por encima de las normas que sí rigen para otros funcionarios públicos, como alcaldes, ministros o gobernadores.
“Estamos ante una jugada descarada. Lo que buscan es habilitarse legalmente para hacer campaña con recursos del Estado y desde sus cargos de poder, sin ningún tipo de fiscalización. Es el principio del fin del control electoral”, advirtió un exfuncionario del JNE.
La norma es particularmente grave por el contexto político en el que se aprueba, a menos de un año de las elecciones generales de 2026. En los hechos, facilita el uso de la plataforma congresal para hacer activismo político y confunde la labor parlamentaria con intereses partidistas, agudizando la percepción de un Congreso que legisla en función de sus propios intereses y no del país.
Además, expertos en derecho electoral advierten que la ley podría colisionar con principios constitucionales, ya que el artículo 39 de la Carta Magna señala que los funcionarios públicos están al servicio de la Nación, no de intereses particulares o partidarios. El principio de neutralidad, recuerdan, es clave para evitar que el aparato estatal se convierta en un brazo de propaganda política.
“No solo es una norma antitécnica, sino profundamente peligrosa. Lo que se está haciendo es debilitar los cimientos de un proceso electoral limpio. El Congreso se ha blindado a sí mismo mientras ignora a la ciudadanía”, alertó la politóloga Milagros Campos.
Mientras tanto, organismos electorales como el JNE aún no han emitido una posición oficial, aunque fuentes internas aseguran que se evalúan acciones legales para revertir o cuestionar la constitucionalidad de esta norma. Lo cierto es que, con esta aprobación, el Congreso ha dado un paso más en el progresivo deterioro de la institucionalidad democrática, afianzando su imagen de poder autorreferencial, opaco y desconectado de las demandas de imparcialidad y justicia que exige la ciudadanía.