Ley MAPE deja dudas sobre el control de plantas procesadoras y la trazabilidad del oro

La propuesta establece una fiscalización temporal de cinco años para determinadas plantas de beneficio y posterga hasta el reglamento la definición de mecanismos para rastrear el oro desde su extracción hasta su comercialización. Expertos advierten que estos vacíos podrían facilitar que el mineral ilegal ingrese al mercado formal.

La propuesta de nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso, mantiene interrogantes sobre su capacidad para controlar las plantas de procesamiento y garantizar la trazabilidad del oro, dos aspectos considerados fundamentales en la lucha contra la minería ilegal.

La preocupación surge en un contexto en el que, según estimaciones de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), más de la mitad del oro exportado por el Perú hasta agosto de 2026 tendría origen ilegal, con un valor aproximado de US$ 12 063 millones. Esta cifra, de acuerdo con la organización, supera el monto registrado durante todo 2025.

Fiscalización de plantas tendría un plazo de cinco años

Uno de los puntos cuestionados de la propuesta es el esquema de supervisión de las plantas de beneficio. La iniciativa plantea que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Osinergmin y Sunafil asuman temporalmente, durante cinco años, funciones de fiscalización sobre aquellas instalaciones con capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias.

Sin embargo, las plantas con una capacidad inferior continuarían bajo supervisión de los gobiernos regionales, cuyas limitaciones para ejercer una fiscalización efectiva generan preocupación.

El analista Iván Arenas advirtió que esta distribución de responsabilidades no garantiza un control adecuado de las operaciones ni evita que minerales de procedencia ilegal puedan mezclarse con producción formal.

A ello se suma la incertidumbre sobre el proceso de transferencia de competencias entre las entidades involucradas. Según Arenas, mientras no se concrete ese procedimiento, las funciones continuarían bajo responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), lo que podría retrasar la implementación del nuevo esquema institucional.

Trazabilidad del oro quedaría pendiente del reglamento

Otro aspecto crítico es la ausencia de plazos y responsabilidades específicas para implementar los sistemas de trazabilidad e interoperabilidad que permitan seguir el recorrido del mineral desde su extracción hasta su procesamiento y comercialización.

La propuesta establece que estos mecanismos serán desarrollados en el reglamento de la ley, cuya aprobación está prevista dentro de los 120 días posteriores a su publicación.

Para Arenas, esta postergación representa un riesgo, debido a que aspectos esenciales del control quedarían sujetos a disposiciones posteriores. El especialista sostuvo que la trazabilidad no debe limitarse a la presentación de documentos, sino que requiere una fiscalización rigurosa por parte de las autoridades.

El problema es especialmente relevante porque, según Redes, el oro ilegal puede incorporarse al circuito comercial mediante plantas de procesamiento, intermediarios y comercializadores, aprovechando las deficiencias de supervisión y los vacíos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Cuestionan controles sobre operaciones financieras

La propuesta también contempla la apertura de cuentas en el Banco de la Nación para los mineros comprendidos en el nuevo régimen. Sin embargo, el análisis advierte que todavía deben precisarse los mecanismos que permitirán verificar el origen legal del oro y evitar que recursos provenientes de actividades ilícitas ingresen al sistema financiero.

Arenas recordó que actualmente se comercializa oro de procedencia ilegal utilizando el Reinfo y cuestionó que el nuevo régimen de formalización mantenga condiciones que, a su juicio, no han garantizado un control efectivo.

Control debe abarcar toda la cadena de comercialización

Para Redes y los especialistas consultados, combatir la minería ilegal requiere supervisar toda la cadena productiva y comercial del oro: desde los insumos utilizados y la extracción del mineral hasta su procesamiento, transporte, comercialización y exportación.

Sin embargo, la propuesta de Ley MAPE todavía deja pendientes definiciones sobre fiscalización, trazabilidad, interoperabilidad y distribución de competencias entre las instituciones públicas.

El desafío será establecer controles verificables que impidan que el oro de origen ilegal se incorpore al mercado formal bajo mecanismos de formalización que no permitan comprobar efectivamente su procedencia.