El incremento de la compensación económica del alcalde y las dietas de los regidores fue aprobado en 2023, pese a las restricciones legales señaladas por la Contraloría. El informe identifica presuntas responsabilidades en 14 funcionarios y servidores públicos.
La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 147,010 en la Municipalidad Distrital de Chao, provincia de Virú, por el incremento de la compensación económica del alcalde y las dietas de los regidores, pese a las disposiciones legales que prohibían dichos aumentos.
Según el Informe de Control Específico N.° 013-2026-2-0631-SCE, en marzo de 2023 el concejo municipal aprobó elevar la compensación económica mensual del alcalde de S/ 6,200 a S/ 7,500. Además, estableció las dietas de los regidores en S/ 2,250, equivalentes al 30 % del nuevo monto aprobado para la autoridad edil.
Pagos se extendieron hasta 2026
El documento de control señala que el incremento de la compensación económica del alcalde, incluidos los beneficios correspondientes, se pagó entre mayo de 2023 y diciembre de 2025.
En el caso de los regidores, las dietas calculadas sobre el aumento se abonaron desde abril de 2023 hasta abril de 2026. La Contraloría sostuvo que estos desembolsos vulneraron disposiciones presupuestales y normas que regulan las compensaciones económicas de alcaldes y las dietas de los integrantes de los concejos municipales.
Como resultado, el organismo de control determinó un perjuicio económico de S/ 147,010 para la entidad edil.
14 funcionarios y servidores bajo observación
La auditoría identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en 14 funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos observados. También señaló presunta responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.
El informe fue remitido al Órgano Instructor y al titular de la Municipalidad Distrital de Chao para las acciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades administrativas. Asimismo, fue enviado a la Procuraduría Pública de la Contraloría para que evalúe las acciones civiles pertinentes.
La determinación de estas presuntas responsabilidades corresponde a las instancias competentes, conforme a los procedimientos establecidos.