Condenan a 30 años de cárcel a mujer que secuestró a recién nacida del Hospital Belén de Trujillo

El Poder Judicial sentenció a Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis por el secuestro agravado de una bebé de apenas un día de nacida. La menor fue sustraída mediante engaños y posteriormente rescatada por la Policía.

El Ministerio Público logró que el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Unidad de Flagrancia de La Libertad condene a 30 años de prisión efectiva a Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, hallada culpable del delito de secuestro agravado en agravio de una recién nacida de un día de vida.

La sentencia fue emitida el pasado 12 de junio de 2026 dentro del caso fiscal N.° 4428-2025 y constituye un importante precedente en la protección de menores de edad y la lucha contra los delitos que vulneran la libertad personal.

De acuerdo con la investigación fiscal, la condenada retiró a la bebé de iniciales L.L.M.R. del Hospital Belén de Trujillo mediante engaños y sin autorización, separándola ilegalmente de su madre, Liliana Esther Rafael Quispe.

Tras sustraer a la menor, la trasladó hasta su vivienda, donde permaneció retenida hasta que fue ubicada y rescatada por efectivos de la Policía Nacional del Perú. Posteriormente, la recién nacida fue devuelta al establecimiento de salud para continuar con la atención médica correspondiente.

La Fiscalía informó que, tras conocerse el hecho, el fiscal provincial Juan Alexander Huamán Rojas, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, solicitó prisión preventiva para la investigada. El requerimiento fue declarado fundado por el Poder Judicial el 30 de agosto de 2025 por un plazo de nueve meses.

Durante ese periodo, el Ministerio Público desarrolló una investigación que permitió reunir los elementos de convicción necesarios para sustentar la responsabilidad penal de la acusada. La acusación formal fue presentada el 4 de diciembre de 2025.

Finalmente, tras el juicio oral, el órgano jurisdiccional dictó una condena de 30 años de prisión efectiva y ordenó el pago de una reparación civil de S/ 10,000 a favor de la agraviada.

El Ministerio Público destacó que este resultado reafirma su compromiso con la protección de la niñez y la persecución de delitos que afectan a personas en situación de especial vulnerabilidad.