La expansión de esta actividad ilícita afecta reservas, parques nacionales y zonas de amortiguamiento en diversas regiones del país. Especialistas advierten que el debilitamiento de las instituciones ambientales y nuevas propuestas legislativas podrían agravar la situación.
La minería ilegal continúa avanzando sobre áreas naturales protegidas del Perú, causando graves daños ambientales en al menos ocho espacios de alto valor ecológico y cultural. Bosques amazónicos, glaciares, lagunas, humedales, especies silvestres y hasta sitios arqueológicos vienen siendo afectados por esta actividad ilícita que opera con escaso control estatal.
Uno de los casos más críticos se registra en la Reserva Nacional Tambopata, donde alrededor de mil mineros ilegales estarían operando dentro y en los alrededores del área protegida. Según un estudio de la organización Conservación Amazónica (ACCA), entre 2025 y los primeros meses de 2026 se perdieron más de 500 hectáreas de bosque amazónico debido a la expansión de campamentos, maquinaria pesada e infraestructura minera.
La situación también se agrava en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde cerca de 500 hectáreas fueron deforestadas dentro y alrededor de la reserva. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental identificó al menos 18 puntos de minería ilegal próximos a la zona de amortiguamiento del parque, afectando hábitats de especies como el lobo de río y las taricayas.
En la región Áncash, la actividad minera ilegal amenaza sectores del Parque Nacional Huascarán, especialmente en zonas altoandinas de Recuay y Pallasca. Allí se reportan impactos sobre glaciares, lagunas y cabeceras de cuenca, además de riesgos para especies como el puma, el venado y el zorro andino.
Otro foco de preocupación se ubica en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe, donde la contaminación por metales pesados y mercurio afecta ríos y ecosistemas de páramo y bosque de neblina, hábitat del tapir andino, especie considerada en peligro de extinción.
La minería informal también ha generado impactos en la Reserva Nacional San Fernando, afectando ecosistemas costeros que albergan especies emblemáticas como el pingüino de Humboldt. Durante este año, la Fiscalía Ambiental destruyó campamentos y socavones ilegales dentro del área protegida.
En la región Ica, la expansión minera amenaza además la zona protegida de las Líneas y Geoglifos de Nasca. Diversos reportes denuncian la instalación de plantas de procesamiento, detonaciones con explosivos y excavaciones que ponen en riesgo geoglifos y vestigios arqueológicos con más de dos mil años de antigüedad.
La problemática también alcanza la zona de amortiguamiento del Lago Titicaca, donde la minería ilegal amenaza humedales y especies endémicas como la rana gigante del Titicaca. Asimismo, la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi permanece bajo constante riesgo pese a las acciones de interdicción realizadas en años anteriores.
Especialistas advierten que el incremento del precio internacional del oro, sumado al debilitamiento de las instituciones encargadas de la fiscalización ambiental, ha favorecido la expansión de esta actividad. El abogado ambientalista César Ipenza señaló que la reducción de recursos para las fiscalías ambientales y los cambios normativos impulsados desde el Congreso dificultan las labores de control e interdicción.
En este contexto, también existe preocupación por el avance del Proyecto de Ley 3377, que plantea facilitar procesos de formalización y concesiones mineras en zonas de alta sensibilidad ambiental, especialmente en Madre de Dios. Organizaciones ambientales advierten que esta iniciativa podría incentivar una mayor expansión de la minería ilegal en la Amazonía peruana.
La situación refleja uno de los mayores desafíos ambientales que enfrenta el país, en momentos en que varias de sus áreas naturales protegidas muestran señales de deterioro acelerado por actividades extractivas ilegales.