Sanciones vigentes figuraban en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles de SERVIR.
La Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad Distrital de La Esperanza contrató como proveedores a dos exservidores públicos que contaban con sanciones vigentes de destitución inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 007-2026-2-2061-AOP, uno de los exfuncionarios fue contratado el 1 de abril de 2024 mediante la Orden de Servicio N.° 0000298 por un periodo de 120 días calendario y por un monto total de S/ 9,200.
El servicio contemplaba labores como empadronador-digitador durante el Empadronamiento Masivo de Hogares 2024, actividad destinada a identificar familias en situación de pobreza y vulnerabilidad para facilitar su acceso a programas sociales del Estado.
Sin embargo, la Contraloría verificó que dicha persona registraba dos sanciones disciplinarias de destitución que quedaron consentidas al no ser impugnadas. Estas medidas fueron inscritas en el RNSSC el 19 de abril y el 11 de noviembre de 2021.
Asimismo, el órgano de control identificó un segundo caso relacionado con un exservidor que contrató con la comuna el 10 de junio de 2025, pese a tener vigente una sanción de destitución registrada desde el 25 de julio de 2023.
Según el informe, esta medida disciplinaria fue impuesta luego de declararse infundado su recurso de impugnación por cargos vinculados a negligencia en el desempeño de funciones y grave utilización o disposición de bienes de la entidad en beneficio de terceros.
La contratación se realizó mediante la Orden de Servicio N.° 0000566 por un plazo de 60 días calendario y por un monto total de S/ 8,000, para brindar servicios de asesoría, consultoría e intervenciones especializadas a la Subgerencia de Contabilidad de la municipalidad.
La Contraloría advirtió que ambas contrataciones se realizaron pese a que las sanciones se encontraban registradas y vigentes en la plataforma oficial de SERVIR, situación que podría contravenir las restricciones establecidas para contratar con entidades públicas.