Funcionarios y técnicos involucrados en la instalación del techo se contradicen en Fiscalía, mientras surgen graves deficiencias en el expediente técnico y la supervisión municipal. La justicia investiga presunta negligencia que habría desencadenado uno de los peores desastres en centros comerciales del país.
El colapso del techo del Real Plaza Trujillo, ocurrido el 21 de febrero de 2025, dejó un saldo trágico de seis fallecidos y más de 80 heridos. Las investigaciones en curso han revelado contradicciones entre los responsables de la instalación del techo y las autoridades municipales.
Durante las diligencias fiscales, se ha evidenciado que los encargados de la instalación del techo han proporcionado versiones contradictorias sobre las condiciones estructurales y el mantenimiento de la infraestructura. Estas discrepancias han generado preocupación sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión del centro comercial.
Además, se ha identificado que el expediente técnico de la Municipalidad de Trujillo carecía de información crucial sobre la estructura de las vigas. Fotografías tomadas en julio de 2024, durante una inspección para el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), mostraban signos evidentes de oxidación en los pernos y estructuras metálicas, así como instalaciones eléctricas corroídas. Estas deficiencias no fueron subsanadas adecuadamente, lo que pone en entredicho la eficacia de las inspecciones realizadas.
El ingeniero civil Ángel Porras, quien aprobó las condiciones estructurales del centro comercial en noviembre de 2024, se encuentra actualmente inubicable, lo que ha dificultado las investigaciones. Por su parte, el ingeniero Julio Rivera, responsable del diseño del patio de comidas, indicó que su empresa envió personal al lugar del siniestro que solo tomó fotografías desde fuera de las zonas restringidas, sin realizar una evaluación exhaustiva.
La Fiscalía ha iniciado un proceso de investigación preliminar contra el representante legal del Real Plaza en Trujillo, Luis Alonso Santa María Torres, por presunto homicidio culposo. Asimismo, se ha dispuesto la participación de peritos en ingeniería civil para determinar las causas exactas del colapso. Las autoridades también están evaluando la responsabilidad de los funcionarios municipales que otorgaron las licencias de funcionamiento y supervisaron las condiciones de seguridad del establecimiento.
Este caso ha generado un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y control en las edificaciones públicas y privadas, así como de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de infraestructuras que albergan a gran cantidad de personas.
