Pobladores realizaron su cuarta manifestación pacífica en Suyubamba para exigir la reactivación de las actividades mineras, suspendidas por el estado de emergencia. Denuncian afectación a derechos básicos como salud, educación y alimentación.
La cuarta “marcha blanca” por el derecho al trabajo se desarrolló este jueves en la Comunidad Campesina Andrés Rázuri del anexo de Suyubamba, distrito de Pataz, en la región La Libertad. Más de 40 mil personas continúan afectadas por la paralización de las actividades mineras, tras la declaratoria de estado de emergencia decretada por el Poder Ejecutivo, medida que —según los manifestantes— ha impactado directamente en la economía de miles de familias cuya subsistencia depende de esta actividad.
Vestidos con prendas blancas como símbolo de paz, los ciudadanos expresaron su rechazo a las generalizaciones que los vinculan con la minería ilegal. “Somos mineros artesanales y formales, no delincuentes”, señalaron durante la movilización, que también tuvo eco en Trujillo y Tayabamba. La población pidió que se respeten sus derechos fundamentales a la salud, educación, alimentación y empleo.
“El resultado de esta marcha ha sido positivo. Hemos logrado que el ministro de Energía y Minas convoque a una reunión en el distrito de Pataz para atender nuestras demandas. Esperamos que esta mesa de diálogo traiga soluciones reales para el pueblo”, declaró José Torrealba, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA PATAZ).
Como parte de la agenda de movilización, se ha anunciado una nueva reunión este sábado 24 de mayo en Llacuabamba para la conformación del Frente de Defensa de la Provincia de Pataz. Asimismo, el domingo 25 se desarrollará la quinta marcha blanca, con punto de concentración en el anexo Vista Florida a las 9:00 a.m., donde se espera la participación de comunidades y pueblos solidarios con la causa minera de la provincia.
Los pobladores insisten en la necesidad de diferenciar la minería ilegal de la actividad formal y artesanal que desarrollan muchos ciudadanos de la zona, y demandan que las autoridades nacionales escuchen sus voces antes de aplicar medidas que afecten masivamente el sustento de miles de familias en esta zona altoandina de La Libertad.