Un megaoperativo policial y fiscal permitió la detención preliminar del alcalde distrital de Chao y seis empresarios, investigados por presunta colusión agravada en la adjudicación y ejecución de una obra pública educativa en la provincia de Virú, en perjuicio del Estado por más de S/ 5.5 millones.
Un megaoperativo policial y fiscal culminó con la detención del alcalde distrital de Chao y seis empresarios investigados por presuntos actos de corrupción vinculados a la adjudicación de una obra pública, según informaron las autoridades en Trujillo.
La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público – Fiscalía Anticorrupción, ejecutó un operativo que incluyó 15 allanamientos simultáneos en diversos inmuebles de la región La Libertad, entre ellos la sede de la Municipalidad Distrital de Chao.
Durante la intervención fue detenido de forma preliminar el alcalde Juan Carlos Soles Carbajal, junto a seis empresarios y subcontratistas identificados como Edwin Chávez Rodríguez, Karla Valqui Chávez, Riquelme Mantilla García, Jhoed Blas Quispe, Carlos Cancino Cervan y Cosme Orbegoso Quispe, todos sindicados por su presunta participación en la organización denominada “Los Perturbadores del Saber”.
Según la tesis fiscal, los implicados habrían concertado irregularmente la adjudicación y ejecución de la obra de la institución educativa N.° 82210 “Karina Violeta Damián Alayo” en la provincia de Virú, favoreciendo al Consorcio JANACA en perjuicio del Estado por un monto estimado en más de S/ 5.5 millones.
La detención forma parte de la lucha contra la presunta red criminal enquistada en la gestión municipal que, además de colusión agravada, también se investiga presunta subcontratación prohibida, omisión de penalidades contractuales y entrega de beneficios económicos indebidos.
Las diligencias se realizaron bajo autorización del Poder Judicial y representan uno de los operativos anticorrupción más importantes ejecutados en los últimos meses en la región.
Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades penales y posibles implicancias adicionales, en un proceso que busca esclarecer el presunto direccionamiento de recursos públicos en obras educativas de la provincia.